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    Ley orgánica de protección de datos (lopd)

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    La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) fue una ley orgánica española que garantizaba y protegía el tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de la persona, y especialmente del honor y la intimidad personal y familiar. Fue aprobada por las Cortes Generales el 13 de diciembre de 1999. Esta ley se desarrolló sobre la base del artículo 18 de la Constitución Española de 1978, el derecho familiar y personal a la intimidad, y el secreto de las comunicaciones.

    Su principal objetivo era regular el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, con independencia del soporte en que se traten, los derechos de los ciudadanos sobre los mismos y las obligaciones de quienes los crean o tratan. Esta ley afectaba a todos los datos que se refirieran a personas registradas en cualquier soporte, informático o no. Quedan excluidos de esta normativa aquellos datos recogidos para uso doméstico, materiales clasificados del Estado y aquellos ficheros que recogen datos sobre Terrorismo y otras formas de delincuencia organizada (no simple delincuencia).

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    La LOPD establece un conjunto de principios, derechos y deberes que deben cumplir las organizaciones. Su principal objetivo es garantizar el correcto tratamiento de los datos facilitados por los usuarios. Por ello, aquellas empresas, asociaciones, administraciones o autónomos que traten diariamente datos personales deben tener en cuenta las siguientes cuestiones para determinar si están cumpliendo con la LOPD.

    La adaptación a la LOPD es todavía una asignatura pendiente para muchas empresas, pero su incumplimiento, además de generar desconfianza y preocupación entre los usuarios, puede costar al empresario entre 600 y 60.000 euros en sanciones económicas.

    Por ello, es recomendable la adaptación a la LOPD, así como la realización de una correcta auditoría por parte de profesionales de confianza que puedan atender cualquier consulta relacionada con la confidencialidad de la información. Sólo así el empresario podrá evitar sanciones en caso de inspección por parte de la Agencia Española de Protección de Datos.

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    Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos) y las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. (de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales)

    Responsable del tratamiento y Registro de Actividades de TratamientoLos datos personales se incluirán en la actividad de tratamiento correspondiente de este Ministerio. La relación actualizada de los responsables del tratamiento y de las actividades que realizan se publica en el

    Conservación de los datosLos datos personales tratados se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad para la que fueron recabados, así como para la determinación de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la misma, además de los plazos establecidos en la normativa sobre ficheros y documentos.

    Transmisión de datosCon carácter general, los datos personales no serán cedidos a terceros, en la medida en que la ley lo exija. Los destinatarios de cada una de las actividades de tratamiento realizadas por el Ministerio de Hacienda pueden consultarse en el enlace del Registro de Actividades de Tratamiento (RAT).

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    Los familiares, las parejas de hecho y los herederos de la persona fallecida tienen derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los datos personales de ésta ante el responsable del tratamiento o el encargado del mismo, salvo que lo prohíba la persona fallecida o la ley.

    Según el RGPD, los datos personales deben ser exactos y, en su caso, estar actualizados, aunque el responsable del tratamiento no será responsable del cumplimiento de este principio cuando los datos personales hayan sido recabados del interesado por medio de un mediador o intermediario, de otro responsable del tratamiento mediante el ejercicio del derecho a la portabilidad de los datos o de un registro público.

    Sólo los mayores de catorce años podrán prestar un consentimiento válido. En cuanto a los menores de catorce años, el consentimiento deberá ser prestado por los titulares de la patria potestad y de la custodia de los hijos.

    Se concede al responsable del tratamiento la posibilidad de proporcionar información a través de capas: una primera capa que incluye la identidad del responsable del tratamiento (y del representante, en su caso), la finalidad del tratamiento y los derechos de los interesados.

    Por admin

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